La complejización de la vida social vinculada a transformaciones históricas, científicas, valorativas y culturales de gran impacto – la contaminación ambiental, la experimentación genética, las bases de datos y el derecho a la intimidad, el derecho de las comunicaciones entre muchos otros - demandan en la actualidad saberes jurídicos e intervenciones estatales para los cuales una formación tradicional en el campo de la abogacía resulta insuficiente. En este contexto, resulta inevitable considerar el papel de privilegio de los operadores jurídicos en la gestión de las cuestiones públicas. Todas las acciones del Estado, cualquiera sea su naturaleza, encuentran su justificación y su razón de ser en la normativa, o bien son generadoras de normas. En consecuencia, un accionar eficiente del Estado requiere la profesionalización creciente de quienes se desempeñan en la función pública.
La Universidad Nacional de Avellaneda propone un plan de estudios diferenciador atravesado por un eje en Derecho Público, Gestión Pública y Administración de Justicia que procura cubrir un área de vacancia en la formación superior en nuestro país, contribuyendo de manera innovadora a fortalecer la estrategia de democratización de la Justicia desde la base misma del sistema judicial: los propios abogados.

Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente (según el artículo N ° 7 de la Ley de Educación Superior N°24.521)